Era enero de 1999 y el entonces CEO (consejero delegado) de Sun Microsystems, Scott McNealy, concedía una rueda de prensa para presentar en sociedad el nuevo producto de Sun, el entorno de creación de aplicaciones distribuidas Jini, que lograba hacer posible aquel viejo sueño de disponer de cafeteras que conversaran tan ricamente con la nevera, la tostadora y la persiana de la cocina.

Uno de los periodistas presentes osó preguntarle a McNealy sobre las medidas que se habían tomado en Jini para evitar problemas de seguridad y privacidad en el uso de la tecnología. Esto no debió sentarle muy bien al ejecutivo de Sun, y ni corto ni perezoso soltó una de las frases más famosas sobre privacidad:

You have zero privacy anyway, so get over it!

(De todas maneras ya nadie tiene privacidad, así que ¡superad el trauma y olvidaos del tema!)

Ríos y ríos de tinta se escribieron a raíz de este comentario. Llovieron quejas de todas partes: organizaciones de consumidores estadounidenses, la Electronic Frontier Foundation, y un montón de gente lo comentó en torno a la fuentecilla de agua de la oficina (¡ahora directamente lo hubiéramos blogueado!). Y la frase ha aguantado el paso del tiempo. De hecho, esta se ha convertido en una de las declaraciones «de culto» registradas en la histórica revista online Wired Magazine.

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Leo con interés e incredulidad este artículo en el New York Times en el cual se hacen eco de un robo de identidad muy especial… no el que ha llenado hojas y hojas de periódicos y millones de bytes en blogs de todo el mundo, el robo de identidad que te deja sin casa, sin coche, sin amigos y sin novia, porque quien te roba «la identidad» (el número de carnet de identidad, de tarjeta de crédito, de seguridad social) la usa para dejarte sin blanca y encima con unas deudas terribles por gastos que tú no has realizado. Hablan del «otro» robo de identidad: el que sirve ni más ni menos que para trabajar.

Hace ya algunos años que conozco esta práctica. Inmigrantes ilegales en Estados Unidos pueden comprar en el mercado negro unas falsificaciones perfectas de tarjeta verde o green card, y unos números de seguridad social perfectamente válidos, por algo más de 100 dólares. En posesión de esos documentos estas personas buscan trabajo, y si los contratan, utilizan esos números «verdaderos» impresos en documentos «falsos» para darles de alta en la seguridad social (o lo que corresponda en EEUU). Durante años, años y años, incluso décadas, esas personas utilizan dichos documentos y números de afiliación para poder seguir trabajando, ganándose la vida, y por supuesto (y esto es lo que a mí siempre me sorprendió) pagan impuestos y pagan seguridad social, pagan unas cuotas que aseguran unos beneficios que en la vida van a utilizar, porque ponen dinero «en la cuenta de seguridad social del número 5342345222», por ejemplo, y ese número puede corresponder a una viejita de Ohio, mientras que el que está pagando vive en Nueva York y tiene un vello facial y voz de ultratumba que haría imposible hacerle pasar por tierna viejecita.

Pero lo que de verdad me resultaba increíble no era la facilidad para obtener esos documentos, sino el cinismo de los empleadores, que tenían claro que era mano de obra ilegal (según el término y concepto neoliberal, ojo – yo en lo particular creo que no existe persona, ni mano, ilegal, si un caso el marco legal no se ajusta a la realidad) usando papeles falsos, pero les daba exactamente igual (pero los fines de semana… a unirse a los Minute Men a pegar tiros a los que intentan pasar la frontera por el desierto).

Bueno, pues esto es robo de identidad. Pero no tal y como nos lo han explicado siempre.

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Nos dicen en Sivacracy que desde el 11/S de aquel año (2001), el Deptartment of Education (ministerio de educación) estadounidense ha estado analizando concienzudamente los datos que tiene sobre los estudiantes que han pedido ayudas / becas para continuar sus estudios y que esos resultados se han dado alegremente al FBI, que estaba investigando tramas de financiación terrorista a través de las becas de estudios.

Se suponía que dicho ministerio tenía que cumplir con la ley Ferpa (Family Educational Rights and Privacy Act – Ley de derechos de educación familiar y privacidad), que prohibe a los centros educativos la distribución o publicación de datos o información que permita identificar al propietario de esa información (vamos, que no pueden publicar ni tu nombre, ni tu dirección, ni tus notas, solo podrían publicar análisis estadísticos a través de los cuales sea imposible identificar a estudiantes concretos). Pero va a ser que no.

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