En la revista MIT Technology Review podemos leer este artículo en el cual denuncian lo que todos nos temíamos, que la teoría se está haciendo realidad, que las ingentes cantidades de datos personales que las compañías privadas retienen, bajo estrictas cláusulas de confidencialidad, están a la vista de todos si un señor con peluca y martillito (o sea, un juez a la estadounidense) envía una orden judicial a una de estas compañías.
Por supuesto el primer ejemplo enorme está siendo el de la demanda de Viacom a YouTube. Cómo es posible que la justicia obligue a Google a proporcionar todos, repito, todos los datos de actividad de todos sus usuarios, registrados o no.
Sin ir más lejos, está pasando con las mujeres que han abortado en determinadas clínicas españolas. Los grupos antiabortistas solo tienen que ir probando jueces hasta que encuentran uno que admita y asuma este abuso de ley. Qué decir de la actuación de la Guardia Civil buscando protagonismo por encima de la ética.
La policía conoce a la mayoría de los jueces y para obtener las necesarías Ordenes de Entrada y Registro, sabe esperar a que esté de Guardía alguno de los que firman casi sin leer.