Leemos en El País que un «investigador judicial» llamado José Vicente Lucas lleva años recopilando información personal de residentes en España. Ha amasado un fichero de 36 millones de personas que a su vez vende a terceros. La Agencia Española de Protección de Datos ya le ha puesto multas que suman un total de 5 millones de euros.

Este tipo cobra 250 euros al mes por ordenador con acceso a dicho fichero, o 1.400 € por un acceso tipo «tarifa plana». Y su negocio sigue funcionando a pesar de las sanciones pendientes.

Alucinante.